Juan David Hurtado Bedoya [1] – Iván Leonardo Urrea Ríos[2]

Panorama General

¿Cuáles son los potenciales dividendos económicos de un país como Colombia sin conflicto armado[1]?

Las preguntas más interesantes y las más útiles son por naturaleza difíciles  de contestar. Los múltiples mecanismos sociales, políticos, y económicos que se ven involucrados en las posibles respuestas y sus relaciones entre sí, pueden hacer de la búsqueda algo particularmente intrincado. Este, por ejemplo, es el caso de la posibilidad de que las FARC efectivamente se incorporen en el establecimiento. Factores económicos, como las rentas del narcotráfico, sociales, como el apoyo de la ciudadanía, y políticos, como la aceptación de un espectro más amplio de ideologías en los debates, son ingredientes que de alinearse o desencajarse pueden producir resultados distintos ante una sola pregunta: ¿Que tan factible es que las FARC dejen las armas y se incorporen a las normas constitucionales de Colombia? 

Si la anterior pareciese una pregunta difícil, la pregunta sobre cuáles serían los efectos económicos de la paz con las FARC y eventualmente con los demás grupos armados no oficiales, es aún más complicada. No sólo por el nivel de incertidumbre de la primera pregunta, sino porque el entretejido de problemas que se esconden tras del conflicto, y de aquellos producidos por el mismo, es tan complejo que un fino análisis de abstracción para hallar respuestas, produciría sólo más preguntas. En este sentido y con ese fin, se hace este breve ejercicio, para generar mejores preguntas, que a su vez nos llevarán a mejores respuestas.

Entretejido de Problemas Derivados del Conflicto

Colombia ha sido un país “sobre diagnosticado” en todo el sentido de la palabra. El caso del postconflicto no ha sido excluido de esos temas ampliamente discutidos, los efectos económicos de una ausencia de conflicto, o de una etapa de postconflicto han sido abordados extensamente por distintos actores tanto internos como externos.

La discusión empieza en los costos, con el argumento de que en un escenario de ausencia de conflicto, tales costos ya no serán costos, y por consiguiente será una “ganancia de no existencia de costos”.

          Un ejemplo de este enfoque lo proveen estudios como (Trujillo & Badel, 1998) del Departamento Nacional de Planeación, donde el impacto del conflicto[2] se calcula con base en cinco rubros (capital humano perdido, acciones criminales, daño a infraestructura, costos del sector salud en el conflicto y gasto militar); Los cálculos del estudio concluyen que la pérdida de cerca de 9.500 personas a raíz del conflicto armado, representó un costo total para la economía colombiana de $296.000 millones de pesos entre 1991 y 1996, es decir $49.000 millones de pesos por año o el 0,07% por ciento del PIB (Trujillo & Badel, 1998). En cuestión de secuestros, robos y extorsión atribuidos a la insurgencia, estiman que el costo acumulado entre 1991 y 1996 fue de $1,8 billones de pesos de 1995; el costo de reparación a raíz de atentados unos $321.000 millones; y el gasto militar[3] ascendió a 3,7 billones de pesos durante ese período, lo cual representa un costo anual igual al 0,84 por ciento del PIB. Según este cálculo, el costo anual promedio del conflicto sería cercano al 1,5% del PIB, y esos costos representarían una pérdida en crecimiento económico de 1,1% del PIB (Trujillo & Badel, 1998).

Otro estudio más reciente para el periodo 1999 – 2003, con el mismo enfoque de costos directos e indirectos y con la inclusión de otras variables (daño a infraestructura energética, vial y aeroportuaria, acciones de crímenes organizado[4], minas antipersona y pago de indemnizaciones a víctimas), concluye que los costos en el periodo de análisis se acercan a los $16,5 billones de 2003 donde el 88% de tales costos son directos (Pinto, Vergara, & Lahuerta, 2005).

En materia de crecimiento económico, el estudio del Exministro Santamaría (Santamaria, Rojas, & Hernandez, 2013) calcula el efecto de la disminución en las tasas de homicidios colectivos, terrorismo, actos subversivos, y demás actividades criminales sobre la tasa de crecimiento económico de Colombia[5] en 1,8% puntos del PIB debido a factores directos e indirectos (1% y 0,8% respectivamente). Este resultado, es consistente con el estudio de Mauricio Cárdenas, donde se explica la brecha de crecimiento de Colombia frente a otros países con similares condiciones económicas, por la tasa de homicidios durante la década de los años 90´s (Cárdenas, 2001) calculando el impacto de una disminución de la tasa de homicidios en el crecimiento en alrededor de uno o dos puntos porcentuales[6].

Por otra parte, el estudio de la Profesora Ibáñez de la Universidad de los Andes (Ibañez & Jaramillo, 2006) simula distintos escenarios de postconflicto y distintas políticas tanto económicas como sociales. Prevé que los efectos de la anulación de la violencia están asociados a la recuperación del capital físico, el regreso de la población rural a su situación de origen y la creación de capital humano, donde la creación de capital humano dependerá esencialmente de políticas sociales proactivas que incrementen las tasas de retorno de la formación de capital humano. Así mismo, calcula una presión fiscal de 2,33% puntos del PIB, los cuales a su vez presentan rendimientos positivos en el mediano y el largo plazo.

En el nivel regional, una tesis de maestría de la Universidad Nacional (Durán, 2011), realiza una vasta revisión de bibliografía encontrando asuntos comunes en el efecto del conflicto sobre el crecimiento económico: 1) Destrucción de capital físico y humano; 2) Distorsiona flujos de comercio; 3) Desincentivo a la inversión por incertidumbre en retornos y en derechos de propiedad; y 4) Desvío de inversión pública en ampliación de capital público (infraestructura, redes de suministro escuelas, alcantarillados, hospitales) al gasto militar por encima del promedio regional. El trabajo usa los ingresos tributarios per cápita de industria y comercio para concluir que el impacto del conflicto ha sido negativo, de modo que el efecto de la violencia tiene un componente económico que debe ser un fin más allá de la paz en sí misma.

Finalmente, un trabajo del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes (Rettberg, 2008) concluye que los empresarios han percibido mejores condiciones de negocios entre el año 2002 y el año 2008 (proceso de seguridad democrática), sin embargo, los costos de transacción continúa siendo altos en las zonas de conflicto sin importa quién es el actor predominante, esto permite concluir, que una paz sólo con las FARC no permitiría consolidar los dividendos de la ausencia de conflicto. Así mismo, las empresas grandes reportaron mayores costos relativos generados por el conflicto, bien sea por las redes de suministro y transporte, o porque son más vulnerables a la extorsión dado el campo geográfico de sus operaciones.

Efectos económicos de un eventual escenario de paz

Una vez realizada una exposición de los principales problemas y resultados encontrados por la literatura nacional, se expondrán esfera por esfera los mecanismos mediante los cuales pueden evidenciarse los dividendos de la paz en las regiones colombianas. No es necesario saber cuánto serán los cambios cuantitativos salvo para las presiones fiscales que en el corto plazo surgen, y que (Ibañez & Jaramillo, 2006) calculan en 2,8% puntos del PIB, lo cual equivale en pesos de 2016 a aproximadamente 22,2 billones de pesos[7].

Estructura económica eficiente

La distorsión en la toma de decisiones de los agentes económicos generada por los problemas estructurales de la economía colombiana, se torna más severa cuando la integridad de los agentes y los derechos de propiedad de los activos se ve amenazada. El documento de (Rettberg, 2008) plantea que 75% de los empresarios encuestados incrementaría el monto de sus inversiones y estarían dispuestos a asumir más riesgos si el conflicto se detuviera.

En escenarios internacionales de postconflicto, se ha presentado un crecimiento adicional entre el 1,1% y 1,9% del PIB en la década siguiente al cese del conflicto. La Universidad de los Andes en este sentido ha realizado otros estudios, en el primero de ellos plantea que el crecimiento esperado para Colombia solo será del 0,6% adicional por año en su PIB, mientras que un estudio posterior (liderado por Villa Moscoso y Restrepo) plantea crecimiento del 4,4% adicional.  El BID plantea en su documento “Colombia hacia un país de altos ingresos con movilidad social” plantea que Colombia en veinte años puede pasar a ser un país de US$30.000 per cápita si y solo si, crece al 6% en promedio, esto incrementando la inversión pública anual del 3,5% al 7% del PIB (Banco Interamericano de Desarrollo , 2015).

En los países analizados, durante el principio del postconflicto se ha incrementado la violencia. Empero, tiempo después se han observado reducciones en los costos de la violencia sobre el aparato productivo y social (costos que se describieron como directos anteriormente). Se han generado estímulos a la creación de riqueza y aumentos en la inversión debido a la confianza y la estabilidad política que genera la ausencia de conflicto.

En Colombia, los sectores más beneficiados serían la agricultura y la industria, cada uno de ellos con sus particularidades. La menor incertidumbre en las inversiones y los menores costos vía mejores políticas públicas y mejor infraestructura, serían los móviles de la prosperidad de estos dos sectores.

En el caso del Agro y la industria la oportunidad se encuentra también en la posibilidad de aumentar las exportaciones máxime en las condiciones cambiarias actuales que benefician directamente la actividad exportadora; un factor importante que ayudará es la actual política de mejoramiento de aeropuertos y vías que mejoraran la competitividad exportadora. El país debe en este sentido pasar de ser exportador de recursos naturales y minero energéticos a ser exportador de bienes y servicios, productos con valor agregado que jalonarán el crecimiento de la industria. De allí la necesidad de diversificar el sector industrial colombiano. 

El paso hacia una nueva economía necesariamente exige pasar de ser un país asistencialista y subsidiario a un país que genera las habilidades y las oportunidades para que la población se valga por sí misma, que no se deba ser pobre para recibir políticas sociales, pues es un incentivo mal diseñado y no fomenta la capacitación ni el fortalecimiento del aparato productivo, sino un incremento en las tasas de dependencia en las regiones.  

Infraestructura Competitiva

Colombia tiene un déficit en infraestructura bastante profundo en comparación con pares en Latinoamérica. Un estudio de Fedesarrollo (Yepes, 2014) calcula que la inversión necesaria para superar la brecha asciende a 5,4% del PIB (3,84% en el nivel nacional y 1,56% en el nivel urbano).

La construcción presentaría un crecimiento del 4,4% adicional generado por la necesidad de mejorar la infraestructura en especial en las zonas donde el conflicto se ha desarrollado y no existen vías primarias ni secundarias.

Sector Financiero

El sector financiero podrá encontrar nuevas posibilidades de expansión con el florecimiento de actividad económica en lugares deprimidos donde la pobreza es la ley, las tasas de bancarización son nulas y no existe posibilidad de generar ingresos y servir deudas. De este modo se atraerán capitales extranjeros y nacionales para financiar el consumo e inversiones públicas y privadas, esto potenciando la capacidad de crecimiento de la económica como un todo.

Educación e Innovación

Las tasas de escolaridad se verán incrementadas en el mediano plazo, dada la disminución del riesgo de la población de asistir a la escuela. Adicionalmente las inversiones en infraestructura educativa y la posibilidad de que maestros mejor calificados lleguen a zonas excluidas históricamente generará oportunidades de crecimiento personal y económico de las nuevas juventudes de Colombia.

El control político a las Universidad Regionales podrá generar incentivos a mejorar los programas públicos y privados, mejorando los programas y a su vez la calidad del capital humano de las regiones con las externalidades positivas que tal fenómeno conlleva.

La política de Ciencia y Tecnología debe refinarse, las teorías modernas del crecimiento económico descansan en el resultado fundamental de que es la innovación privada y pública la que genera las expansiones más importantes de productividad en los mercados.

 La tasa de desempleo actual es en promedio del 9%; se ha logrado pasar de muchas décadas con tasas de dos dígitos a un digito y se ha logrado en los últimos años sostenerla a pesar de la desaceleración de la economía mundial, local y del conflicto interno; países de la región han logrado niveles entre el 4% y el 6%.  Se aspira que Colombia sin conflicto y con toda la trasformación de su sistema económico tal como se ha expuesto logre también estos niveles de ocupación.

Pobreza y Desigualdad

Una sociedad con brechas sociales muy amplias tiene problemas estructurales para expandir su actividad económica, debido a que las disminuciones en precios vía costos e innovaciones, no son suficientes para garantizar la compra de los bienes y servicios por las grandes masas de población, estancando el proceso de desarrollo del sector privado, y por consiguiente produciendo tasas de crecimiento menores a las potenciales. Se esperaría que la expansión de la clase media se potencie durante la etapa de postconflicto, el consumo de las familias es un factor importante para dinamizar el sistema económico, con el panorama internacional el fortalecimiento de los mercados internos es la opción más factible de política económica.

Se deben generar activos educativos, empresariales y de capital para generar ingresos suficientes para todos los colombianos; esto solo se logra con un sistema económico que permita la redistribución real y adecuada de los recursos para toda la población; reducir la desigualdad e incrementar la calidad de la inversión pública. Sin estas condiciones será prácticamente imposible alcanzar los réditos económicos del fin del conflicto. Esto incluye aceptar la protesta social como mecanismo político natural de negociación y de fuente de información para la focalización de las políticas económicas.

Medio Ambiente

Se esperan además de réditos económicos y sociales, ganancias ambientales que de acuerdo a estudios del DNP en los últimos 20 años el país ha perdido por deforestación más de 4 millones de hectáreas de bosques que han sido erradicados para el establecimiento de actividades ilícitas ligadas al conflicto; se han contaminado el 65% de las fuentes hídricas en los territorios donde el conflicto se ha desarrollado a causa de actividades de minería ilegal y atentados al sistema petrolero.  Se calcula que el beneficio de la no deforestación será aproximadamente de 7 billones por año y que con ello se lograría dar cumplimiento al 20% de los compromisos del país vía tratados internacionales de disminución del CO2 y otros gases contaminantes que ha firmado el país. Además de la posibilidad de recuperar las fuentes hídricas hoy en mal estado por la irresponsabilidad en la adjudicación de licencias mineras sin estudios técnicos.

El ecoturismo en especial en las zonas afectadas por el conflicto será una actividad económica del subsector del biocomercio que permitirá no solo aumentar los beneficios para la economía que genera el turismo sino también brindar oportunidades de producción diferentes para estas regiones y sus habitantes, atraer inversión y mejorar las condiciones sociales.  

Seguridad Jurídica, Económica y Física

La seguridad jurídica para viabilizar los negocios, la seguridad social para mejorar la calidad de vida y la seguridad física para que la vida colectiva prospere, son fundamentos de la libertad de las familias para educarse, capacitarse, ejercer su trabajo, y puedan se asociarse y disfrutar de sus logros. El crecimiento económico que conlleve un desarrollo económico, que irradie sus beneficios  a toda la población es el fin del proceso de cese del conflicto y búsqueda de la paz.

Conclusiones

Es evidente que la terminación del conflicto traerá beneficios sociales, económicos y ambientales para el país; estos beneficios se han intentado cuantificar y se puede llegar a cifras aproximadas a la realidad y que serán de dos tipos en el caso de las económicas: la primera representada en los costos directos del conflicto y la segunda en los beneficios que traerá la ausencia de este y que permitirá que factores económicos como la confianza, la estabilidad política y jurídica y la inversión materialicen dichos beneficios para la economía.

Las zonas hoy víctimas del conflicto por décadas serán los territorios y sociedades que más se beneficiaran del postconflicto, primero porque recibirán las mayores inversiones e intervenciones, segundo porque la tranquilidad y seguridad generará interés de inversionistas nacionales e internacionales que llegaran a dichas zonas a invertir y dinamizar la economía local.

Para que todos esos beneficios económicos se alcancen, es necesario del apoyo internacional; además se requiere que el gobierno impulse dicho desarrollo generando las condiciones adecuadas para que se dinamice de buena manera la economía, esto porque así como se abordó en el documento, por sí sola no lograra activarse con la firma del acuerdo.

Son tres sectores los que se estima jalonaran la transformación económica del país y se beneficiaran enormemente: Construcción, agro e industria; es papel del estado generar las condiciones adecuadas para que puedan desarrollar ese potencial y convertirse en los canales de la trasformación económica y social del país.

El turismo y en especial el ecoturismo dentro del sector de los servicios también representa una alternativa no solo para el país sino especialmente para las regiones en conflicto, pues en su gran mayoría poseen características naturales, paisajísticas, ecosistémicas e incluso endémicas que son un potencial para el desarrollo de dicha actividad.

El refinamiento de la democracia, mediante el control político en ausencia de violencia, permitirá luchar contra la corrupción en las regiones, lo cual a su vez podrá localizar mejor las inversiones públicas por parte de la ciudadanía y el sector privado. La reducción de las pérdidas de recursos por corrupción es un pilar elemental en la construcción de una nueva economía para Colombia.

Bibliografía

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[1] Esta pregunta podría reducirse a un escenario de conflicto sin las FARC. En este caso, todo dependería de si el Estado logra institucionalizar las zonas de conflicto y evita que nuevos actores tomen el territorio, si esto es así, el análisis de este breve documento sería válido, de no ser así, el estado del arte no cambiaría bastante frente a la actualidad.

[2] El impacto económico de la criminalidad y la violencia distingue entre dos tipos de costos: directos, representados en pérdidas de vidas (capital humano), bienes y activos productivos (capital físico) y recursos naturales; e indirectos que incluyen, entre otros, las pérdidas de productividad por lesiones físicas y sicológicas, el desestimulo a la inversión por la incertidumbre y los sobrecostos que genera la guerra, la asignación ineficiente de recursos que se podrían emplear en actividades productivas y en cambio se dedican a cubrir gastos de seguridad, los cuales por la situación de alta incertidumbre, como la generada por el conflicto armado, estos costos son mayores pues los agentes económicos buscan cubrir el mayor riesgo implícito en las transacciones a través de mayores precios.

[3] Calculado como la diferencia entre el gasto colombiano como porcentaje del PIB frente al promedio latinoamericano alcanzó los 3,7 billones de pesos durante ese período, lo cual representa un costo anual igual al 0,84 por ciento del PIB

[4] Secuestro, la extorsión, el narcotráfico, el desplazamiento forzado

[5] Los costos directos se miden mediante un modelo econométrico y los indirectos mediante un modelo de simulación.

[6] No se hacen mayores inferencias sobre los sectores, pero la agricultura, la industria y la minería han sido los sectores más afectados directamente e indirectamente por el conflicto colombiano.

[7] Las discusiones sobre una reforma tributaria para conseguir estos recursos en medio de un debacle fiscal por la destorcida de los precio del petróleo son de no menor importancia.